El Juzgado de lo Social correspondiente no lo hizo. Tampoco la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ni la del Tribunal Supremo. Ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que, tras cuatro años y medio de proceso, declare nulo el despido de una mujer durante su embarazo, algo prohibido expresamente por el Estatuto de los Trabajadores. El resto de los jueces y magistrados que analizaron el caso denegaron la petición de la mujer al considerar que la empresa no conocía su estado de gestación, un requisito no previsto en la ley que, sin embargo, los tribunales exigieron.